Oficializan cambios en la Ley de Migraciones: podrán rechazar y expulsar a extranjeros que agredan los símbolos patrios o promuevan el odio
El Poder Ejecutivo publicó el DNU 681/2026, que otorga facultades para cancelar residencias y disponer el abandono del país a personas no nacionales que inciten a la violencia contra los argentinos. Quedan excluidas de las sanciones las críticas políticas y el disenso ideológico.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, el presidente Javier Milei firmó la modificación de la Ley de Migraciones con el objetivo de endurecer los criterios de permanencia e ingreso al país de ciudadanos extranjeros. La medida, que salió publicada este jueves 30 de julio en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema legal que faculta al Estado a impedir la entrada, dar de baja los permisos de residencia o tramitar la expulsión de quienes difundan consignas de odio o promuevan actos de violencia dirigidos contra la Argentina.
La normativa establece sanciones concretas para quienes emitan mensajes hostiles —tanto por vía oral como escrita—, convoquen a agresiones contra los habitantes por el solo hecho de su nacionalidad o cometan actos de ultraje contra la bandera y demás símbolos patrios. De acuerdo con lo estipulado en la resolución, aquellos ciudadanos extranjeros con residencia vigente que incurran en estas conductas probadas quedarán sujetos a la revocación inmediata de su estatus migratorio y deberán abandonar el territorio.
En sus considerandos, el texto oficial procura delimitar los márgenes de aplicación para evitar colisiones con derechos constitucionales, garantizando que el régimen sancionatorio no se utilizará contra el libre ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, la norma remarca de forma expresa que las opiniones de disenso ideológico, los cuestionamientos de índole académica y las críticas dirigidas hacia la gestión política quedan totalmente al margen de las penalidades previstas.
Desde la Casa Rosada argumentaron que el dictado del decreto responde a la necesidad de poner un freno a la proliferación de discursos agresivos registrados en el último tiempo hacia los ciudadanos del país, remarcando que la protección de la población y el resguardo de la identidad nacional constituyen prioridades innegociables. El nuevo marco normativo entrará en plena vigencia a partir de este viernes 31 de julio.
