Un reclamo por 210 millones de pesos tras la tala no autorizada de árboles en un camping de Las Grutas
La Municipalidad de San Antonio Oeste mantiene una intensa disputa administrativa y judicial con un grupo de mutuales de Viedma que asumió la gestión del predio del ex Banco Provincia. Luego de constatarse la remoción de ejemplares arbóreos sin la correspondiente autorización, las entidades sufrieron un traspié en la Justicia y ahora enfrentan la exigencia de una millonaria sanción pecuniaria.
El conflicto se originó cuando un conjunto de mutuales con sede en Viedma tomó la administración y explotación de las instalaciones del camping del ex Banco Provincia, ubicado en la villa balnearia de Las Grutas. En el marco de los trabajos de reacondicionamiento del predio, se llevó a cabo la tala e intervención de diversos árboles que formaban parte del arbolado del sector, maniobra que fue detectada por los inspectores de la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Frente a la detección del desmonte sin el aval municipal, las autoridades comunales labraron las actas de infracción correspondientes por violación a la normativa de protección ambiental y forestal. La controversia escaló hasta el ámbito administrativo y legal, donde las entidades responsables sufrieron un revés judicial al intentar frenar el accionar del municipio, ratificándose de este modo el marco sancionatorio aplicado por las áreas de contralor local.
La disputa central gira ahora en torno a la ejecución de la multa pecuniaria, la cual asciende a una cifra cercana a los 210 millones de pesos exigida por el Municipio de San Antonio Oeste. Desde el Poder Ejecutivo municipal sostienen que el monto busca reparar la gravedad del daño ocasionado sobre el patrimonio natural de la villa turística, mientras que la representación de las mutuales busca discutir el alcance y los parámetros de la liquidación impuesta.
Con la ratificación judicial que avaló el procedimiento municipal, el municipio queda facultado para continuar con el reclamo cobratorio y la exigencia de remediación en el predio. La resolución del caso fija un antecedente clave en la jurisdicción respecto al cumplimiento estricto de las normativas de preservación ambiental por parte de las entidades concesionarias y administradoras de espacios turísticos en la costa atlántica rionegrina.
