Modifican la normativa de alojamientos turísticos en Viedma e imponen multas por falta de registración
El Concejo Deliberante aprobó cambios en la regulación del alquiler temporario y establecimientos turísticos de la capital rionegrina. La medida elimina la exigencia de publicar tarifas, pero endurece las inspecciones de seguridad e impone sanciones económicas.
La ciudad de Viedma implementó un nuevo esquema regulatorio para los inmuebles destinados al alquiler temporario y establecimientos turísticos, según lo dictaminado por las autoridades locales. Entre las principales modificaciones administrativas se destaca la eliminación de la obligación de informar los valores tarifarios cobrados a los usuarios, aunque se mantuvo el deber de notificar periódicamente los datos sobre la ocupación efectiva de las plazas para el seguimiento estadístico del sector.
En materia de seguridad e infraestructura, la normativa incrementó las exigencias para el funcionamiento de los alojamientos. Los prestadores deberán presentar certificados de aptitud técnica para las instalaciones eléctricas y de gas, los cuales deben estar avalados obligatoriamente por profesionales matriculados. Esta documentación constituirá un requisito indispensable para obtener o renovar las habilitaciones comerciales correspondientes ante el municipio.
Por otro lado, la actualización fijó un régimen punitivo severo para quienes presten servicios sin contar con el registro o los permisos exigidos. Las multas establecidas oscilan entre las 100 y 400 Unidades Fiscales para la falta de habilitación, mientras que la omisión en la entrega de informes de ocupación conllevará sanciones de entre 100 y 200 Unidades Fiscales, calculadas según los valores vigentes al momento de la infracción.
Asimismo, el Juzgado Administrativo de Faltas local quedó facultado para aplicar apercibimientos, disponer la inhabilitación temporaria o dictar la clausura directa de los inmuebles que incurran en contravenciones graves. Las inspecciones estarán a cargo de las áreas operativas municipales para garantizar el cumplimiento del nuevo marco legal en todo el ejido urbano.
