El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste evalúa un nuevo marco regulatorio para la realización de eventos masivos
El proyecto de ordenanza clasifica las actividades según cuatro niveles de riesgo, unifica los trámites de habilitación en un plan integral de seguridad y establece que los costos de los operativos especiales queden a cargo de los organizadores privados.
Un proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste propone fijar un marco técnico y operativo para la autorización de eventos masivos e iniciativas de riesgo especial en San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este. La iniciativa define como evento masivo a todo espectáculo público, deportivo o cultural que prevea una asistencia simultánea igual o mayor a 300 personas, al tiempo que crea la figura de “Evento de Riesgo Especial” para actividades de menor afluencia que involucren factores de peligrosidad como escenarios complejos, uso de efectos especiales, expendio de alcohol o desarrollo en sectores de playa.
La propuesta establece una matriz de evaluación dividida en cuatro niveles de riesgo en función del volumen de público, el horario, las condiciones climáticas y la distancia respecto de los centros sanitarios. Asimismo, reemplaza los esquemas de contingencia vigentes por el Plan Integral de Seguridad y Gestión de Emergencias del Evento (PISGEE), un documento único que deberá ser firmado por un profesional matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para las categorías de mayor complejidad, el trámite requerirá informes técnicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los hospitales zonales y la Policía de Río Negro.
En materia económica y fiscalización, el articulado dispone que la totalidad de los gastos derivados de operativos preventivos privados —servicios policiales adicionales, dotaciones de bomberos contratadas y ambulancias— deberán ser asumidos íntegramente por los promotores sin afectar el erario municipal. De igual modo, la normativa otorga facultades a la Subsecretaría de Comercio y a Protección Civil para suspender o clausurar preventivamente aquellas actividades que incumplan las medidas exigidas, contemplando multas e inhabilitaciones de hasta cinco años para los infractores.
