Río Negro impulsa la desregulación de la cobertura médica estatal para que los empleados públicos elijan su obra social
El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura que propone eliminar la afiliación obligatoria al IPROSS. La medida abarca tanto a trabajadores activos como pasivos, quienes podrán derivar sus aportes a otras prestaciones bajo condiciones específicas de permanencia.
El Poder Ejecutivo de Río Negro dio un paso decisivo en la reestructuración del sistema de salud de los estatales con la presentación de un proyecto de ley que busca otorgar la libre elección de obra social a los agentes públicos de la provincia. La iniciativa, impulsada directamente por el gobernador Alberto Weretilneck, contempla la derogación del mandato que hasta ahora obligaba al personal a volcar sus aportes al Instituto de Promoción de la Seguridad Social (IPROSS). Bajo el argumento de profundizar los cambios en la administración, el mandatario destacó que se busca brindar libertad de opción en la prestación médica para todo el arco del empleo público rionegrino.
De acuerdo con la letra de la propuesta que evaluará el Parlamento rionegrino, el derecho a la libre elección alcanzará a los afiliados directos, categoría que comprende tanto al personal en actividad como al sector pasivo. Aquellos agentes que decidan hacer uso del beneficio de optar por otra entidad podrán transferir de manera íntegra sus aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes, arrastrando en la misma decisión la cobertura del grupo familiar primario a su cargo.
Sin embargo, el texto legislativo establece pautas precisas para evitar inconsistencias operativas en las altas y bajas del sistema sanitario. Una vez que el agente convalide el cambio, tendrá el compromiso legal de permanecer al menos 12 meses en la obra social o prepaga elegida. Transcurrido ese plazo mínimo, el afiliado quedará habilitado para mudarse hacia otra firma del sector prestador o, si así lo prefiere, reincorporarse a la estructura del IPROSS en calidad de afiliado obligatorio directo.
Asimismo, el proyecto contempla mecanismos de salvaguarda en favor del agente público ante eventuales interrupciones del servicio elegido. En caso de que la prestadora seleccionada cese en la prestación por razones ajenas al trabajador, el traspaso de retorno hacia la obra social provincial será automático. Por otro lado, la normativa explicita la prohibición de suspender o cortar los tratamientos médicos que se encuentren en curso durante el proceso de transición entre entidades. Este paso se inscribe en un plan integral del Gobierno que, según afirmaron voceros oficiales, abarca la digitalización de trámites, el abono de coseguros mediante dispositivos móviles y la ampliación en la cobertura de remedios dentro del esquema estatal.
