Dictan cautelares y restricción perimetral para proteger a una víctima de violencia de género

La magistratura ordenó la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio contra el agresor tras la radicación de la denuncia. Además, se dispuso la entrega de un dispositivo de alerta antipánico y el seguimiento interdisciplinario de la damnificada.

Frente a un nuevo hecho de violencia intrafamiliar denunciado en la fuero judicial local, los tribunales de familia adoptaron de manera urgente un paquete de medidas de protección en favor de la víctima. La presentación, efectuada ante las autoridades policiales y ratificada en sede judicial, dio cuenta de reiterados episodios de hostigamiento, agresiones verbales y amenazas que vulneraban la integridad física y psíquica de la mujer.

Entre las primeras resoluciones impuestas por el juzgado interviniente se destaca la prohibición de acercamiento y el cese de todo tipo de contacto directo o indirecto —incluidas las comunicaciones telefónicas y el uso de redes sociales— por parte del denunciado hacia la víctima y su entorno familiar directo. Esta restricción fija un perímetro de exclusión obligatorio que abarca tanto el domicilio de la mujer como sus lugares habituales de trabajo y circulación.

Como complemento al esquema de seguridad, las autoridades judiciales gestionaron la entrega e instalación de un botón antipánico en el teléfono celular de la denunciante, conectado de forma directa con el centro de monitoreo de la fuerza policial provincial. Asimismo, se dio intervención a los equipos técnicos interdisciplinarios para garantizar asistencia psicológica, social y contención legal continua a lo largo de la sustanciación del proceso.

En el marco de las actuaciones vigentes, la Justicia advirtió al acusado que el incumplimiento de cualquiera de las pautas de conducta fijadas configurará de manera automática el delito de desobediencia a una orden judicial. Esta figura contempla la inmediata aprehensión del imputado y la formulación de cargos penales, mientras se evalúan nuevas medidas de prisión preventiva para resguardar la seguridad de la damnificada.

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