Embargos y demandas judiciales contra automovilistas que circulaban sin la RTO en la provincia
Un fallo de la Justicia Contencioso Administrativa avaló los reclamos ejecutivos presentados por el Estado rionegrino contra infractores que no regularizaron sus multas de tránsito. Las sanciones económicas actualizadas alcanzan montos de hasta un millón de pesos.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, Julián Fernández Eguía, dio curso a una serie de ejecuciones fiscales promovidas por la Fiscalía de Estado de Río Negro contra automovilistas detectados circulando sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Las actuaciones se iniciaron tras el agotamiento de la vía administrativa sin que los infractores abonaran los montos correspondientes.
Los procedimientos se enmarcan en lo dispuesto por la Ley Provincial N.º 5.263 de Tránsito, normativa que tipifica la falta de verificación técnica al día como una falta grave para la seguridad vial. Dado que las multas se calculan en base a unidades fijas ajustadas al valor del litro de combustible Infinia de YPF, los montos demandados acumulados por el paso del tiempo y los honorarios judiciales se ubican actualmente entre los 700.000 y el millón de pesos por caso.
Ante el incumplimiento de pago por parte de los titulares de los vehículos, la magistratura dispuso trabar embargos sobre cuentas bancarias y bienes de los deudores hasta cubrir las sumas reclamadas en concepto de capital e intereses. Desde el fuero judicial recordaron que las sentencias ejecutivas avanzan sin abrir discusión sobre la falta administrativa, dado que el acta de infracción expedida por los organismos de control constituye título suficiente para habilitar la ejecución.
Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que este tipo de acciones coercitivas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas de tránsito y desalentar la circulación de unidades sin los controles de seguridad obligatorios. En tanto, las ejecuciones judiciales continuarán su curso con las medidas cautelares correspondientes sobre el patrimonio de aquellos automovilistas que mantengan deuda firme.
