El máximo tribunal rionegrino dio por agotada la instancia provincial al considerar que se realizó una revisión integral del proceso. La resolución ratifica las penas impuestas a los cuatro policías imputados por la muerte del joven oficial.
Los jueces fundamentaron el fallo en la falta de certeza probatoria requerida para una condena, pero aclararon enfáticamente que no se puso en duda la credibilidad de la víctima ni se presumió el consentimiento.
Los abogados del imputado por el femicidio de Agostina Jalabert presentaron pruebas sobre supuestos ataques y escarches contra el entorno familiar, mientras que los allegados a la víctima defendieron los reclamos sociales y exigen su extradición a México.
El Superior Tribunal asumió la competencia exclusiva en la disputa entre el mandatario Marcelo Román y el Concejo Deliberante, al calificar la controversia como un conflicto de poderes entre órganos municipales.
El Superior Tribunal de Justicia evitó opinar si la norma es constitucional o no, y explicó que la demanda no se puede tratar hasta que exista un caso real o un proyecto concreto que afecte a una comunidad.
La jueza a cargo del expediente desestimó el pedido presentado por la hija de un hombre fallecido, quien buscaba frenar el traslado de los restos de su padre impulsado por la expareja del difunto. La magistrada se declaró incompetente y dispuso remitir las actuaciones al juzgado de la provincia vecina donde ya tramita la causa principal, al considerar que un planteo cautelar no es la vía adecuada para resolver hechos controvertidos entre las partes.
El Juzgado de Paz intervino tras la denuncia radicada en la Comisaría 17. La jueza dispuso la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, presencial y digital, aplicando el Código Contravencional provincial y leyes de protección de género.
. La fiscalía imputa dos violentos episodios ocurridos este año, que incluyen golpes dentro de un auto en movimiento y una golpiza que le provocó la fractura de una costilla a la víctima
La fiscalía acreditó lesiones físicas mediante el protocolo médico de urgencia y el juez de Garantías Guillermo González Sacco dictó la prisión preventiva por un plazo de 40 días, ante el riesgo latente de fuga y entorpecimiento judicial.