A través de un embargo, la Justicia endureció la ejecución contra un deudor alimentario
El Fuero de Familia resolvió trabar una medida cautelar sobre un inmueble perteneciente a un padre que incumplía de manera reiterada con el pago de la cuota para sus hijos. La decisión busca garantizar la cobertura de la deuda acumulada y asegurar la manutención futura frente a la falta de respuesta del obligado.
La Justicia de Familia dio un paso decisivo en el marco de un proceso de ejecución por alimentos al disponer el embargo preventivo sobre un terreno propiedad de un progenitor infractor. La resolución judicial responde a la acumulación de una abultada liquidación pendiente que el demandado no canceló de manera voluntaria, pese a las intimaciones formales y a las etapas fijadas precedentemente en el expediente.
Frente al persistente incumplimiento del progenitor en el aporte de los recursos destinados al sostenimiento, educación y salud de sus hijos, la representación de la parte actora solicitó la afectación directa de su patrimonio. Al analizar el cuadro de morosidad y la conducta evasiva registrada en la causa, la magistratura resolvió hacer lugar al planteo y ordenar la traba sobre el bien inmueble para resguardar los derechos de los menores involucrados.
Con la anotación de la medida cautelar en el Registro de la Propiedad Inmueble, el juzgado dejó sin margen de maniobra al deudor, impidiendo cualquier intento de enajenación o transferencia del terreno a terceros. La medida actúa como un mecanismo de presión directa y constituye el paso previo a un eventual remate judicial en caso de que el demandado no regularice la totalidad de las sumas liquidadas en concepto de alimentos adeudados e intereses.
Este pronunciamiento se enmarca en la tendencia jurisprudencial de aplicar sanciones patrimoniales severas para frenar el incumplimiento de las obligaciones parentales básicas. Desde el fuero especializado remarcaron que el cobro puntual de las cuotas alimentarias es una prioridad irrenunciable, por lo que se continuarán ejecutando bienes e imponiendo restricciones concretas a quienes eludan el deber legal de garantizar la subsistencia de sus hijos.
